Trampa legal, la indemnización de Bours: abogados

Consideran juristas que lejos de beneficiar a las familias, pretende eliminar la responsabilidad oficial

Por Alejandro Matty Ortega / Dossier Político
Dia de publicación: 2009-06-29

“Bajo ninguna circunstancia las familias deben aceptar el fondo de indemnización ofrecido por el gobernador Eduardo Bours, ya que es una trampa legal que busca eliminar responsabilidad legal al Gobierno del Estado por la tragedia del 5 de julio”.

Juristas que asesoran a las padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC alertaron a los familiares sobre la “oferta” que lanzó este lunes el mandatario estatal, quien asegura que “están en su derecho de aceptar un millón 400 mil pesos pero cederán al Gobierno del Estado los derechos de demandar”.

“Originalmente el fondo de 67 millones 100 mil pesos se había ofrecido sin condición alguna y se creó fundamentalmente para ayudar a las familias en desgracia, pero ahora el gobernador pone condiciones y eso, es muy delicado legalmente”, acotaron.

Para empezar, dijo uno de los asesores legales a Dossier Político, “la indemnización es por niño, no por familia, aquellas que tuvieron la desgracia de perder a dos pequeños, deben recibir, si así lo desean, la ayuda de un millón 400 mil pesos pero en número de dos. Es decir, 2 millones 800 mil pesos”.

“Aunque sea doloroso, las familias deben saber sus derechos constitucionales y lo que está anunciando el gobernador, indudablemente se trata de una verdadera trampa legal para quitarse responsabilidades penales y civiles, no más”, aseguraron los especialistas en Derecho.

En conferencia de prensa, la mañana de este lunes, el mandatario declaró que “ellos (los papás) nos pasan los derechos de demanda que tienen y el compromiso además es que si sale más dinero de eso el dinero es para ellos”. Además, que el fondo serviría para que los familiares tuvieran los recursos que les corresponden por Ley sin tener que pagar abogados por meses o años, pero también tienen derecho de irse por la otra vía.

Por tal motivo, exhortan a las familias a no aceptar la oferta del Gobierno en tanto no se tenga mayor información porque de acuerdo a los Códigos Penal y Civil para el Estado de Sonora, la Ley los asiste y prevé otras alternativas para exigir la reparación del daño.

Ponen al escrutinio de las familias en desgracia que analicen bien las opciones legales a las que tienen derecho con fundamento en la Ley y reiteran “que no caigan en las trampas del Gobierno del Estado ni del IMSS ni del Ayuntamiento”.

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