PSP: Al banquillo de los acusados

Por Alejandro Covarrubias V
Era pleno verano del 2007 y mientras la canícula se elevaba llameante amenazando reventar haya en lo alto, las presiones y tensiones por el Plan Sonora Proyecta del gobernador Bours se hacían crecientes. Como asesor de la Fracción parlamentaria del PAN en el Congreso lo viví todo muy de cerca. Asistíamos a las semanas más difíciles en la vida del Congreso pues el sentimiento de avasallamiento era una agujeta hiriente que se clavaba en el grueso de todos nosotros. La maquinaria propagandística y mediática del gobernador –lo que mejor funcionó durante su administración-- se había movilizado como nunca. Implacable, masiva, agresiva, concertada, amenazante, ofertada, vendida.

La tal maquinaria actuaba día a día para dejarnos a los opositores del multicitado PSP como “enemigos del progreso de Sonora”. De norte a sur, de la costa a la frontera, de Estación Don a San Luis Río Colorado, la cargada operaba bien aceitada. Prácticamente ningún organismo intermedio de importancia, prácticamente ni uno sólo de sus dirigentes, se sustrajo a ella. De los constructores a los industriales, de los agricultores a los ganaderos, de los cantineros a los restauranteros, de los hoteleros a los manufactureros, de los rectores universitarios a los directivos de medios y un largo etcétera, agregados-en-coro-al unísono repetían los argumentos de Palacio. El PSP ‘adelantará el futuro de Sonora’. El PSP ‘nos pondrá en las grandes ligas’. El PSP ‘traerá infraestructura, modernidad y competitividad a la entidad’. Se remataba: ‘el gobernador y el PRI Sonora ven por la próxima generación; los panistas por la próxima elección’.
El estrés y las disputas entre los panistas se volvían de un ríspido lóbrego. Muchos sentían que sus carreras podrían estar llegando a su fin tras la ofensiva viniendo de Palacio de Gobierno y el abandono displicente de la sociedad a los dictados e imagen del gobernador. Otros recibían amenazas veladas y desembozadas por igual. Yo mismo fui objeto de aquéllos ataques. Recibí llamadas y reclamos airados de más de un empresario. Recibí la ley de hielo de más de un sector organizado antes cercano. Recibí vituperios y segregaciones de medios y pasquineros. Recibí agresiones físicas y el dolor de la incertidumbre en figura de mi hijo que fue golpeado artera, impune e inexplicablemente al paso del tiempo.

Al final, no obstante, hube de admirar la consistencia de aquellos legisladores y de los directivos panistas que los acompañaban –incluyendo a los legisladores federales, diputados y senadores, que se sumaron sin dudar a la postura de los locales. El PSP se aprobaría con el voto del PRI, más el voto del diputado Mónico Castillo en el rol de fiel de la balanza, pero los panistas mantuvieron en unidad absoluta su postura de rechazo basados en tres premisas: 1) EL PSP era ilegal porque sustraería del Congreso la fiscalización de recursos públicos; 2) el PSP sería deuda pública que empeñaría las finanzas durante los próximos 30 años, y sería ilegal porque modificó las leyes respectivas para permitir al ejecutivo contratar deuda a voluntad; y 3) el PSP no generaría la modernidad publicitada, porque era tan sólo un programa de obras físicas inconexas, sin programa de competitividad e innovación de por medio.

Dos años después el destino nos ha alcanzado. La Corte Suprema de la Nación por fin delibera el tema y adelanta lo que podrá ser una resolución ejemplar. El Ministro Ponente, Jesús Gudiño Pelayo, ha postulado por la inconstitucionalidad del PSP advirtiendo: “el Congreso le otorgó licencia al gobierno estatal para endeudarse sin rendir cuentas … (condenando) la forma en que esta legislación (de Sonora) en particular le está dando cuerpo, tan fácil, tan amplio, tan abierta, tan ilimitada que casi parce una patente de corso”. ¿Hace falta escuchar algo más?

En unos días los ministros terminarán sus exposiciones y lo más seguro (habida cuenta que a la fecha siete contra dos ministros han postulado la inconstitucionalidad) es que el PSP se declaré fuera de la ley. Dos órdenes de asuntos interesarán entonces de inmediato. El primero será de naturaleza práctica gubernamental. ¿Cuál será la suerte de las finanzas públicas del nuevo gobierno estatal de Padrés y qué pasará con los cuantiosos compromisos financieros que se firmaron con entidades financieras como Banorte? El segundo será de naturaleza ética cívica. ¿Qué hacer para desterrar para siempre la cargada de Sonora? ¿Qué para evitar el triste y pre-cívico espectáculo de dirigentes productivos y sociales, funcionarios y académicos, comunicadores y pregoneros que sin rubor se metaforsean para repicar y replicar desde las ocurrencias del gobernante en turno?

Es posible resumir las múltiples preguntas en una sola. ¿Qué y cómo hacer para consolidar instituciones y una cultura política del dialogo y el estudio sin las que Sonora seguirá siendo una entidad genuflexa, doblada por los contornos largamente rijosos, pendencieros y campiranos que nacen de una pre—ciudadanía parroquial? Cómo saltar los obstáculos pre-modernos que Almond y Verba nos señalaron desde hace más de cuatro décadas, o sea.

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