Presentan recuento de agravios de Bours contra movimientos sociales

Por José Luis Jara
Presentan recuento de agravios de Bours contra movimientos sociales

Los dirigentes de las organizaciones sindicales y sociales de Sonora hicieron público un recuento de agravios que cometió el gobernador Eduardo Bours contra la sociedad sonorense, entre las que se destaca la acusación de de obstaculizar criminalmente la justicia en el caso de la tragedia de la guardería ABC.

También lo señalaron de su falta de compromiso social con los trabajadores y el desprecio por la defensa de la soberanía en el caso de Cananea, que han significado para el pueblo de este mineral más de dos años de injusticia, represión y abuso de poder.

Los dirigentes de esas organizaciones se reunieron este sábado desde temprano en las oficinas del sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. A eso de las dos de la tarde hicieron público el recuento de agravios que cometió el gobernador Bours.

Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, llegó afónica a la reunión, pues momentos antes tuvo un encuentro con el gobernador, donde la señora le reclamo la manera en que actuó en el caso de la tragedia de la guardería.

Eduardo Bours no le respondió, pero la señora Patricia no se quedó con las ganas de manifestarle su inconformidad.

En la rueda de prensa, afónica dijo “el 5 de junio fue lo último que nos pudieron hacer. Perdí a mi hijo y sin embargo me levanto para unirme a los luchadores sociales. Por mi siempre va haber un soldado fuerte en esta guerra, no me voy a desanimar porque se lo juré a mi hijo Andrés Alonso García, lo juró mi esposo, que vamos a luchar por un mejor país”.

Sergio Barraza, dirigente del STAUS, leyó el comunicado donde puntualizan los agravios que sufrieron de parte del gobernador.

Empezó con el caso de Cananea, donde dijo que el gobierno de Bours se caracterizó por su falta de compromiso social con los trabajadores y el desprecio por la defensa de la soberanía de Sonora.

A punto de finiquitar su gobierno –abundó Barraza- y a más de dos años de la huelga de la sección 65 de Cananea, le reiteramos nuestra denuncia pública a su gobierno porque es cómplice del Grupo México, por la pasividad y confabulación con el gobierno federal para que no obligue al patrón Larrea a acudir a las negociaciones, para solucionar el conflicto de la huelga de Cananea.

A la vez, por no reclamar a la Cámara de Diputados la inmediata cancelación de la concesión de la mina al Grupo México y la nacionalice por causa de interés público.

Sergio Barraza señaló que las instituciones de gobierno y el Congreso del Estado son indolentes ante las carencias y limitaciones en el suministro de agua, electricidad, gas, útiles escolares, tratamientos y medicamentos a los trabajadores, a sus familias y al pueblo de Cananea.

En el caso de la tragedia de la guardería ABC, dijo: “acusamos a su gobierno (de Eduardo Bours) de obstaculizar criminalmente la pronta y expedita justicia a efecto de que se finquen las responsabilidades y el castigo penal que el caso amerita, sin distingo de funcionarios públicos o de personas corresponsables del lamentable accidente suceso que indigna a la sociedad”.

Le imputamos a su gobierno –abundó-obstaculizar la justicia, al impedir una investigación veraz en la que intervengan también organismos de carácter internacional, bajo la supervisión y vigilancia de una comisión ciudadana integrada por los padres de los niños fallecidos o lesionados en la tragedia.

Lo culpamos señor gobernador de entorpecer la justicia en la atención de por vida a los niños lesionados y a los familiares y personas afectadas. Y lo acusamos de estorbar la justicia en una adecuada indemnización a las familias afectadas.

En el recuento de agravios se señalaron los casos de los moradores del Vaso de la Presa, quienes sufrieron los embates del gobierno del estado para desalojarlos mediante la vía judicial, a fin de beneficiar a la familia Coppel, quienes pretenden construir un conjunto residencial en este espacio del vaso de la presa.

Se habló de los defensores del Parque Villa de Seris, de los casos de negligencia médica, el caso de la comunidad de Mulatos que también sufre los embates de la compañía minera Minas de Oro Nacional, que quiere desalojar judicialmente a los pobladores de este lugar.

Los dirigentes de los movimientos sociales y sindicales afirman en su documento que el gobernador Eduardo Bours es culpable de violentar el estado de derecho de audiencia y desdeñar a la sociedad organizada y participativa.

Les negó la participación a las mujeres, sino al contrario, propició las condiciones para que Sonora se encuentre en el segundo lugar nacional en violencia de pareja contra las mujeres. No atendió los crecientes casos de feminicidios y durante su gobierno coartó múltiples formas la libertad de expresión. Se dio la desaparición de José Alfredo Jiménez Mota y el caso ya se encuentra olvidado por las autoridades.

Los dirigentes sociales organizaron una serie de manifestaciones esta semana que pasó, frente a palacio de gobierno.

Dijeron que esta problemática que dejó Bours se le planteará al nuevo gobierno de Guillermo Padrés.

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